GOLPE A LA CORRUPCIÓN URBANISTICA EN TORREVIEJA


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7 nov 2019

El 5 de Noviembre de 2019 se notificó una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante sobre unos hechos ocurridos en Torrevieja entre los años 1999 y 2005, relativos a la falsedad documental cometida por un funcionario municipal.

Cabe reseñar que la Audiencia Provincial condena al entonces funcionario a una pena de la mitad de la gravedad que la Fiscalía atribuye al acusado.

Los hechos se remontan a 2005: un arquitecto técnico destinado al departamento de disciplina urbanística emitió un informe sesgado sobre una actuación urbanística que no se ajustaba a la licencia de obra emitida por un Decreto de Alcaldía del año 1999.

Los hechos se iniciaron durante el gobierno local de Hernández Mateo y continuaron con el de Eduardo Dolón (2011-2015), bajo cuyo mandato se permitió que se produjera la caducidad de los expedientes y la prescripción administrativa de las infracciones urbanísticas.

Esta situación fue denunciada en diversas ocasiones por el entonces Concejal y Portavoz de Los Verdes, José Manuel Dolón. Aunque el procedimiento judicial se ha dilatado más de 14 años, Los Verdes de Torrevieja no han cejado en su empeño por clarificar los hechos y la justicia ha terminado reconociendo los hechos denunciados.

La sentencia de la Audiencia Provincial es una prueba más de los amaños en la gestión urbanística a los que suele recurrir el Partido Popular cuando ostenta el poder en la ciudad de Torrevieja.

En su concepción corrupta de la gestión de los asuntos públicos hay dos varas de medir: una para beneficiar a sus amiguetes y otra para perjudicar y perseguir a los que considera enemigos, y muy especialmente a los que denunciaban las corruptelas de su gestión.

En este caso, la vara de medir más beneficiosa, y por la que se termina condenando a un funcionario público a dos años de prisión e inhabilitación, como dicta esta sentencia, es por una falsedad documental relacionada con un edificio propiedad de la familia del entonces Concejal de Hacienda y Teniente de Alcalde, Pascual Ortiz Reche, cuyo hijo, además, fue el promotor de dicha vivienda.

La propia sentencia pone en duda la sinceridad de ambos al declarar en la causa y así lo afirma la sentencia cuando dice textualmente: “La falta de sinceridad mostrada sobre esta cuestión... hace que se ponga en duda la credibilidad del resto de lo declarado por estos testigos”.

Este fallo judicial viene a reconocer el urbanismo “a la carta” que ha estado practicando el Partido Popular en Torrevieja y cómo un acto corrupto de un funcionario público terminó beneficiando a la familia del entonces concejal de Hacienda. Es tal la pretensión de impunidad de la que hacen gala que existe una continuidad en la actuación corrupta hasta que se judicializa el tema.



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